Banco de Suelo en la CDMX: entre la política habitacional y el riesgo de expropiación
Dentro del Plan General de Desarrollo (PGD) de la Ciudad de México se ha delineado una estrategia de adquisición de suelo que contempla la creación de reservas territoriales y un Banco de Suelo orientado a la producción de vivienda social y asequible. La iniciativa, estructurada en horizontes de corto plazo (2027-2033) y mediano plazo (2034-2040), busca fortalecer la producción habitacional pública bajo el principio de función social del suelo, e incorporar modelos de acceso como cooperativas, propiedad colectiva y otras formas de tenencia social en los instrumentos de planeación territorial.
Sin embargo, la propuesta ha generado tensiones en el Congreso local. Legisladores de oposición han señalado que las disposiciones relativas al Banco de Suelo son "especialmente delicadas", al no establecer con claridad los criterios ni los límites bajo los cuales el gobierno capitalino podría incorporar propiedades a dicho fondo. La preocupación central gira en torno a si el mecanismo de adquisición contempla el uso de expropiaciones y quién tendrá la facultad de determinar qué inmuebles quedan sujetos a este esquema. Desde la bancada gobernante se ha respondido que el término expropiación no aparece en el documento, aunque los críticos insisten en que la ambigüedad del texto deja abierta esa posibilidad. Para los estrategas del sector inmobiliario y los desarrolladores con operaciones en la capital, este debate representa una señal de alerta sobre el marco regulatorio que podría regir la gestión del suelo urbano en los próximos años.
El PGD también plantea una reconfiguración del modelo de participación ciudadana, con la creación de nuevas figuras que superarían en atribuciones a las actuales Comisiones de Participación Ciudadana (Copacos), hasta llegar, en el largo plazo, a institucionalizar la participación como un cuarto nivel de gobierno. Este elemento añade complejidad al análisis para quienes evalúan el entorno de gobernanza urbana en la CDMX: una estructura con mayor capacidad de decisión territorial podría redefinir los procesos de aprobación de proyectos y la interlocución entre el sector privado y las comunidades. El Congreso local dispone de seis meses para analizar y votar el documento, periodo en el que la oposición ha exigido un parlamento abierto, argumentando que la versión actual difiere sustancialmente del texto que fue sometido a consulta pública a principios de año.
