Prohibición de comisiones por pago con tarjeta: sanciones y clausura de negocios en México

Reforma legal de 2024 endurece multas contra comercios que trasladen costos bancarios al consumidor

Comercios que cobren comisiones por pagos con tarjeta de crédito o débito enfrentan sanciones que alcanzan hasta 2.2 millones de pesos y clausura temporal de operaciones, según la reforma a la Ley Federal de Protección al Consumidor aprobada en abril de 2024. La prohibición se extiende también al cobro de…

Comercios que cobren comisiones por pagos con tarjeta de crédito o débito enfrentan sanciones que alcanzan hasta 2.2 millones de pesos y clausura temporal de operaciones, según la reforma a la Ley Federal de Protección al Consumidor aprobada en abril de 2024. La prohibición se extiende también al cobro de propinas impuestas directamente en la cuenta, una práctica que históricamente ha limitado las opciones de pago de consumidores en restaurantes y comercios diversos.

Desde la implementación de la reforma, la normativa establece de manera unívoca que las comisiones cobradas por instituciones financieras a los establecimientos deben ser absorbidas por el negocio, no transferidas al cliente. Este cambio regulatorio responde a una problemática estructural: durante años, muchos comercios colocaban avisos que advertían cargas adicionales del 3% al 5% sobre el consumo al usar tarjeta, generando una percepción errónea en los consumidores sobre los costos reales de este método de pago. La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros ha documentado cómo esta práctica beneficiaba desproporcionadamente a los negocios mientras distorsionaba el comportamiento de compra.

Antes de 2024, aunque los bancos tenían regulaciones internas que impedían el traslado de comisiones, su incumplimiento era frecuente. Ahora, el marco legal es explícito: cualquier violación resulta en multas que oscilan entre 701 pesos y 2 millones 243 mil 671 pesos, además de la clausura del establecimiento hasta que elimine los cargos de sus operaciones. La emisión de recibos o facturas se volvió obligatoria, creando un registro verificable de las transacciones. Durante temporadas de mayor consumo, como períodos vacacionales, la Profeco ha intensificado llamados a denunciar infracciones a través de sus canales oficiales, reconociendo que algunos comercios aprovechan la preferencia de viajeros por métodos electrónicos para imponer cargos adicionales.

Esta transformación regulatoria refleja un cambio más amplio en la protección al consumidor en mercados emergentes: la estandarización de derechos en transacciones digitales y el reconocimiento de que los costos operativos de los negocios no deben recaer sobre el cliente final. Para estrategas de retail y fintech, la reforma señala una reconfiguración de márgenes operativos donde la competencia se basará en eficiencia interna, no en transferencia de costos al consumidor.