Sistemas bancarios de 16 países latinoamericanos revelan una brecha crítica en calidad crediticia, con Argentina registrando un índice de morosidad del 7.3% en préstamos al sector privado, más del doble del promedio regional de 2.78%. Este indicador refleja no solo un problema de pagos vencidos, sino una estructura financiera bajo presión sostenida que contrasta con economías vecinas que mantienen ratios de incumplimiento entre 1% y 3%.
La paradoja argentina se profundiza cuando se analiza el volumen de financiamiento disponible. Con un ratio de crédito sobre PIB del 14.3%, Argentina ocupa el último lugar regional, muy por debajo del promedio de 47.3%. Esta combinación—alta morosidad con bajo volumen crediticio—ilustra una economía donde el acceso al financiamiento es limitado y, cuando ocurre, presenta riesgos elevados. Según datos de la Federación Latinoamericana de Bancos hasta el primer trimestre, el sector bancario tradicional concentra dos tercios de los $14 billones en préstamos irregulares, mientras que el tercio restante proviene de fintechs, tarjetas de supermercados, cooperativas y mutuales.
A nivel regional, la cartera vencida del sistema bancario latinoamericano alcanzó USD 104,621 millones en marzo, representando un incremento del 10% respecto a diciembre y 44% más que el año anterior. Sin embargo, el indicador agregado de morosidad se estabilizó en 2.78%, evidenciando que el aumento en volumen absoluto no se traduce proporcionalmente en deterioro de calidad crediticia fuera de Argentina, Brasil y Colombia, donde se concentran los mayores riesgos. República Dominicana, El Salvador y Uruguay mantienen los niveles más bajos de la región.
Inflación de dos dígitos anuales—fenómeno que Argentina experimenta como único país en el análisis—actúa como factor estructural que desestimula tanto a prestamistas como a prestatarios. Mientras Bolivia redujo su inflación del 20.4% en 2025 durante el primer semestre, Argentina mantiene presiones inflacionarias sostenidas que erosionan márgenes financieros y capacidad de pago. Este contexto macroeconómico explica por qué el financiamiento al sector privado, aunque ha avanzado en los últimos dos años gracias a menor competencia de títulos remunerados y mayor estabilidad cambiaria, viene acompañado de deterioro en la calidad de cartera.
La recuperación crediticia post-devaluación ha impulsado la reactivación económica, pero también ha expuesto vulnerabilidades en aproximadamente 7 millones de argentinos con deudas en entidades financieras. Mientras autoridades gubernamentales caracterizan la morosidad como asunto privado, analistas y sectores políticos argumentan que intervención del banco central podría mitigar riesgos sistémicos. Esta tensión refleja un debate más amplio sobre responsabilidad compartida en contextos de volatilidad macroeconómica, donde la profundidad histórica limitada del sistema financiero argentino—que históricamente actuó como amortiguador de riesgos—ahora se percibe como restricción al crecimiento económico.
