Datos de julio revelan una contracción del crédito total en términos reales, situándose en $99.4 billones con una caída del 0.7%, aunque el acumulado interanual mantiene un crecimiento del 4.7%. Esta divergencia entre el corto y mediano plazo refleja la tensión estructural que atraviesa el sistema de financiamiento: una demanda que no se recupera al ritmo esperado y una calidad de cartera que continúa deteriorándose, aunque con señales incipientes de estabilización.
Según el análisis de Entorno, la morosidad alcanzó el 18.0% del total del crédito en julio, lo que representa un aumento de 0.5 puntos porcentuales frente al mes anterior y un incremento acumulado de 10.3 puntos respecto a julio de 2022. El dato más revelador es que el 26.6% de los deudores registra al menos un saldo irregular, lo que indica que el problema no es marginal sino sistémico. La morosidad operativa —que excluye los créditos en situación crítica— se ubicó en 11.8%, ofreciendo una lectura más conservadora pero igualmente preocupante sobre la salud real de la cartera.
El comportamiento regional agrega otra capa de complejidad al análisis. En julio, La Pampa fue la única provincia que registró crecimiento en el crédito (0.5%), mientras que Chaco encabezó las contracciones con una caída del 2.1%. En perspectiva interanual, 21 de las 24 jurisdicciones mostraron expansión real, con Neuquén liderando con un alza del 9.3%. El nivel de endeudamiento familiar respecto al PBI se sitúa en 8.8% a nivel nacional, con Tucumán en el extremo superior con 13.5%. La penetración crediticia también es dispar: 445 deudores por cada 1,000 habitantes en promedio nacional, frente a 665 en la Ciudad de Buenos Aires. Para los tomadores de decisiones en el sector financiero y en política económica, estos indicadores subrayan la urgencia de estrategias diferenciadas por región que atiendan tanto el acceso al crédito como la gestión del riesgo de impago.