Con una asignación de 1.666 billones de pesos contemplada en el Paquete Económico 2027, el gobierno federal avanza hacia la consolidación de un sistema de salud de cobertura universal bajo el principio de 'cero rechazos'. El proyecto, que será analizado por la Comisión de Hacienda y Crédito Público en la Cámara de Diputados, representa uno de los compromisos presupuestales más ambiciosos en materia sanitaria de las últimas décadas y plantea un rediseño estructural del acceso a la atención médica en el país, independientemente de la condición de derechohabiencia del ciudadano.
Dentro de la distribución del gasto, 193 mil 987.2 millones de pesos se destinarán al fortalecimiento del IMSS-Bienestar, con énfasis en comunidades rurales, indígenas y zonas de alta marginalidad. Para el IMSS e ISSSTE se contemplan 828 mil 506.4 millones de pesos, orientados a reducir tiempos de espera, modernizar infraestructura hospitalaria y ampliar la capacidad instalada. En paralelo, 124 mil 788.6 millones de pesos se asignarán al abastecimiento de más de 3 mil 500 claves de medicamentos, vacunas, reactivos y dispositivos médicos. Las denominadas Rutas de la Salud ya han distribuido 160 millones de piezas de medicamentos en más de 8 mil centros de salud y 646 hospitales en 23 entidades, con niveles de abasto superiores al 90% en las 56 unidades oncológicas del IMSS-Bienestar, según datos oficiales.
El Servicio Universal de Salud, cuya implementación está programada para iniciar en 2027, contempla una red pública conectada e interoperable que integrará al IMSS, IMSS-Bienestar, ISSSTE, unidades médicas de Pemex, hospitales federales de referencia e institutos nacionales de salud. El intercambio de servicios entre instituciones comenzará de forma progresiva a partir del 1 de enero de ese año, bajo criterios de sostenibilidad financiera y operativa. Como señal de arranque, la Secretaría del Bienestar inició el 2 de abril el proceso de credencialización para el nuevo esquema de Salud Pública Universal. Para los estrategas del sector salud y los tomadores de decisiones en inversión pública y privada, el reto central no es el financiamiento en sí, sino la capacidad institucional para cerrar la brecha en recursos humanos, logística y gobernanza que históricamente ha limitado la efectividad del sistema. Entorno seguirá el avance de este proceso como indicador clave de la transformación del Estado de bienestar en México.
