Detectar una irregularidad puntual en la revisión mensual de haberes puede ser el punto de partida para descubrir una operación sistemática de desvío de fondos públicos. Eso es precisamente lo que ocurrió cuando una auditoría interna amplió su alcance tras identificar suplementos no autorizados cobrados por cinco agentes: el resultado fue la confirmación de 645 acreditaciones indebidas que suman casi mil millones de pesos, distribuidas a lo largo de tres años y medio, entre julio de 2022 y enero de 2026.

La maniobra identificada operaba en un punto ciego del circuito de pagos: el tramo entre la liquidación oficial de haberes y la transmisión final de archivos al banco. En ese intervalo, ciertos registros eran modificados para incrementar importes o incluir pagos sin respaldo legítimo. Una vez generados los archivos para acreditación bancaria, los datos eran revertidos a sus valores originales, lo que impedía que las alteraciones quedaran reflejadas en los recibos disponibles en el sistema de consulta para los empleados. Esta técnica de ocultamiento —modificar, acreditar y restaurar— es precisamente lo que permitió que la operación se sostuviera durante años sin activar las alertas de los controles rutinarios. Para los especialistas en auditoría forense, este tipo de esquema evidencia un conocimiento profundo de los sistemas internos y de sus puntos de menor supervisión.

Desde la perspectiva del gobierno corporativo y la gestión de riesgos institucionales, el caso plantea preguntas que trascienden el ámbito público. Organizaciones de cualquier sector que administran nóminas de escala —con múltiples conceptos de pago, sistemas heredados y procesos de transmisión bancaria automatizados— enfrentan vulnerabilidades estructuralmente similares. Según el informe Global Economic Crime Survey de PwC, el fraude interno en nóminas es una de las modalidades más frecuentes y de mayor duración antes de ser detectada, con un promedio de 14 meses entre el inicio y el descubrimiento. En este caso, el período superó los tres años. La investigación, que actualmente identifica a 23 personas —uniformados y civiles— y proyecta que el número podría acercarse a 50, está siendo conducida por una comisión de especialistas en contabilidad, liquidación de haberes, sistemas y análisis de datos, con revisión dispositivo por dispositivo y mes por mes. El expediente fue derivado a la Justicia Federal para la determinación de responsabilidades penales.