Desigualdad territorial en servicios sociales: el reto pendiente del modelo de cuidados en España
Aproximadamente 20 millones de personas en España —el 42% de la población— residen en comunidades autónomas donde los servicios sociales son considerados débiles o insuficientes. Así lo revela el Índice de Desarrollo de los Servicios Sociales 2025, un análisis elaborado con datos oficiales que documenta "grandes diferencias" entre territorios y una "gran desigualdad de oportunidades reales" según el lugar de residencia. Para los estrategas de política pública y los directivos del sector salud y bienestar, este diagnóstico representa tanto una alerta sistémica como una señal de oportunidad para modelos de atención alternativos.
País Vasco encabeza el índice con una puntuación de 7.35 sobre 10 y un gasto de 1,304 euros por habitante, seguido de Castilla y León (7.2 puntos, 628 euros por habitante) y Navarra (7.18). En el extremo opuesto, comunidades como Madrid (4.85), Galicia (4.98) y Baleares (4.03) presentan calificaciones significativamente más bajas, mientras que Extremadura, Cantabria y Murcia obtienen puntuaciones catalogadas como "irrelevantes". La brecha en recursos humanos es igualmente pronunciada: Extremadura registra 2,905 habitantes por profesional en servicios sociales comunitarios, frente a los 504 de Navarra, una diferencia de seis veces que se traduce directamente en capacidad de respuesta y calidad de atención.
Más allá de las cifras de gasto, el informe identifica un déficit estructural en los servicios domiciliarios que compromete la viabilidad del modelo de cuidados a largo plazo. Desde 2010, la cobertura del servicio de ayuda a domicilio apenas ha pasado del 4.7% al 5.8%, con una intensidad promedio de solo 21.1 horas mensuales por usuario. La teleasistencia, el único servicio con avance sostenido, alcanza al 11.6% de los mayores de 65 años, pero aún deja fuera a 762,285 personas. Para los líderes organizacionales del sector privado de salud, seguros y tecnología, este estancamiento representa una ventana de entrada: la demanda de soluciones de atención domiciliaria, monitoreo remoto y cuidado comunitario crece de forma estructural en una España que envejece, mientras la oferta pública permanece rezagada.
