Infraestructura urbana: la deuda pendiente con la economía informal alimentaria
Más del 60% de la población de la Ciudad de México se alimenta en puestos callejeros informales al menos una vez por semana, según datos recientes. Esta cifra no es anecdótica: refleja la centralidad de la venta ambulante de alimentos en la economía y la cultura urbana de la capital. Al cierre del primer trimestre de 2026, aproximadamente 78 mil 900 personas ejercían esta actividad, en un contexto donde más de la mitad de la economía opera fuera del sector formal. Para muchas familias, el puesto callejero no es una opción marginal, sino la principal fuente de ingreso y sustento.
Sin embargo, la expansión de esta economía informal choca con una realidad estructural crítica: la ausencia de infraestructura básica. Estudios recientes han detectado presencia de coliformes fecales en muestras de salsas tomadas en puestos cercanos a estaciones del Metro capitalino, lo que evidencia un problema de salud pública que no puede atribuirse únicamente a la conducta de los vendedores. Especialistas en diseño urbano y placemaking señalan que la salubridad en estos entornos depende, en primer lugar, de las condiciones en que se opera: sin acceso a agua limpia, lavabos funcionales o sistemas de refrigeración urbana, cumplir con normativas sanitarias vigentes resulta materialmente imposible. Los grupos más vulnerables —niños menores de seis años y adultos mayores de 80— concentran el mayor riesgo ante bacterias como E. coli, cuya presencia está directamente vinculada a deficiencias en el manejo del agua y los residuos.
Frente a este diagnóstico, la discusión de política pública se desplaza de la creación de nueva regulación hacia la aplicación efectiva de la normativa existente. La propuesta que gana terreno entre urbanistas y organizaciones civiles apunta a intervenciones concretas: instalación de puntos de agua potable, módulos de lavado de manos y sistemas de gestión de residuos en corredores de alta densidad gastronómica. Paralelamente, iniciativas de capacitación dirigidas a fondas y mercados populares buscan elevar estándares operativos desde adentro del sector. La digitalización del cobro y la bancarización de vendedores son avances relevantes, pero insuficientes si no se resuelven primero las condiciones físicas del entorno. Preservar la comida callejera como patrimonio cultural y motor económico requiere que la ciudad trate a sus vendedores ambulantes no como un problema de orden público, sino como actores productivos que merecen infraestructura digna.
