Gobiernos y reguladores en economías emergentes enfrentan una decisión estratégica: monetizar sistemas de pago digital o priorizarlos como infraestructura pública. India ha optado por la segunda ruta. Tras la aprobación de la Ley de Sistemas de Pago y Liquidación de 2007 en su parlamento, el Ministerio de Finanzas confirmó que todas las transacciones de persona a persona permanecerán sin costo para usuarios finales, disipando especulaciones sobre la introducción de tarifas que podrían frenar la adopción.
Esta decisión refleja una estrategia de largo plazo centrada en la inclusión financiera. Desde su lanzamiento por el Banco de la Reserva de India en 2016, el sistema de pagos instantáneos ha alcanzado escala masiva: en 2025 procesó 228.5 mil millones de transacciones con un valor total de Rs 299.74 billones (aproximadamente 3.4 billones de dólares). El modelo permite que comerciantes absorban costos operacionales mediante tarifas de descuento (MDR) aplicadas solo a transacciones comerciales, no a transferencias entre individuos. Esta arquitectura separa claramente el financiamiento de la infraestructura pública del costo directo al usuario.
Para estrategas de transformación digital en mercados latinoamericanos, el caso indio ilustra cómo sistemas de pago gratuitos pueden generar efectos multiplicadores en la economía digital. La adopción masiva reduce fricción en transacciones cotidianas, acelera la formalización del comercio informal y crea datos que alimentan servicios financieros posteriores. Sin embargo, el modelo requiere que gobiernos y reguladores asuman el riesgo de financiar infraestructura crítica sin retorno directo por transacción, priorizando el crecimiento económico agregado sobre la monetización inmediata. Esta tensión entre sostenibilidad financiera y acceso universal seguirá definiendo el debate sobre pagos digitales en economías en desarrollo durante los próximos años.
