Programas de transferencias monetarias condicionadas en educación enfrentan un dilema estructural en México: mientras generan alivio económico inmediato en hogares de bajos ingresos, no logran traducirse en mejoras sustanciales en calidad educativa ni en cierre de brechas de aprendizaje. Una evaluación del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) documenta que una proporción significativa de estos recursos se destina a alimentación en lugar de inversión educativa directa, evidenciando la prioridad de necesidades básicas sobre objetivos pedagógicos.
Directivos de instituciones educativas y representantes de familias beneficiarias coinciden en señalar que el incremento del costo de vida ha reorientado el uso de estos apoyos hacia la compra de alimentos. Aunque algunas familias los utilizan para cuotas, uniformes y materiales escolares, la realidad es que en contextos de pobreza extrema, estos recursos funcionan como mecanismo de supervivencia más que como catalizador de transformación educativa. El análisis de Coneval identifica que el programa genera efectos limitados a corto plazo —reducción marginal del abandono escolar en secundaria y municipios de baja marginación— pero resultados significativamente más débiles en comunidades con alta pobreza, donde barreras estructurales como distancias geográficas, necesidad de trabajo infantil y ausencia de transporte permanecen intactas.
Un problema de focalización agrava esta inefectividad: aunque el 32% de municipios beneficiados presenta alto grado de marginación, más del 50% de los apoyos se distribuyen en municipios con baja marginación, generando una asignación desalineada con necesidad real. Además, la estructura de una beca por familia resulta insuficiente en hogares con múltiples hijos en educación básica. Coneval documenta una contracción en cobertura relativa: el porcentaje de estudiantes entre 3 y 29 años en situación de pobreza que reciben becas descendió de 28.2% en 2016 a 22.7% en 2020, con recuperación parcial a 25.9% en 2022. Obstáculos operacionales —acceso limitado a infraestructura bancaria, falta de conectividad digital, ausencia de servicios en lenguas indígenas— complican aún más la efectividad del mecanismo.
El organismo evaluador caracteriza la estrategia como "necesaria pero insuficiente" y recomienda complementarla con medidas sistémicas: tutorías y acompañamiento escolar, becas de manutención ampliadas, transporte subsidiado para comunidades alejadas, y revisión de criterios de asignación que reconozcan la realidad de familias numerosas. Sin estas intervenciones complementarias, los apoyos monetarios permanecen como amortiguadores de pobreza inmediata en lugar de palancas de movilidad educativa, perpetuando ciclos de desigualdad en acceso y calidad de aprendizaje.
