Nuevo impuesto a dispositivos digitales: ¿doble tributación o protección anacrónica?
Gravar dispositivos electrónicos con un impuesto adicional del 2% bajo el concepto de 'copia privada' revive un esquema tributario concebido hace más de dos décadas, cuando el consumo de música y video dependía exclusivamente de soportes físicos y almacenamiento local. Analistas del mercado de contenidos audiovisuales advierten que esta propuesta, impulsada por la Secretaría de Cultura, el Instituto Nacional del Derecho de Autor (Indautor) y la Sociedad de Autores y Compositores de México, carece de fundamentos técnicos y económicos coherentes con el ecosistema digital actual.
Desde la perspectiva de especialistas en tributación digital, la iniciativa configura un caso de doble imposición para los usuarios mexicanos. Quienes acceden a plataformas de entretenimiento por suscripción ya absorben el Impuesto al Valor Agregado (IVA) en cada pago mensual, y quienes adquieren dispositivos en el mercado formal enfrentan aranceles de importación. Añadir una sobretasa sobre el valor del hardware implicaría un tercer punto de gravamen sobre el mismo flujo de consumo cultural. La comparación con el IEPS —impuesto aplicado a bienes como bebidas alcohólicas o tabaco por sus externalidades negativas— resulta conceptualmente problemática cuando se traslada a infraestructura de acceso digital, que no genera externalidades equivalentes.
Más allá del debate fiscal, el fondo del asunto plantea una pregunta estratégica para el C-Level: ¿qué modelos de compensación para creadores son viables y escalables en la economía de streaming? Experiencias internacionales, como los fondos de compensación por copia privada en España o Alemania, muestran que estos mecanismos funcionan cuando existe trazabilidad real del uso de contenidos, algo que los dispositivos físicos no garantizan por sí solos. En un entorno donde McKinsey estima que más del 60% del consumo de entretenimiento en mercados emergentes ya ocurre vía streaming, diseñar política pública sobre el supuesto de la copia local resulta, cuando menos, desactualizado. La propuesta aún no ha sido aprobada ni está en discusión legislativa formal, pero su sola circulación anticipa tensiones regulatorias que las empresas tecnológicas y de telecomunicaciones deberán monitorear de cerca.
